Nunca desde la vuelta de la democracia presidente alguno se tomó el atrevimiento de clausurar virtualmente el Congreso

Por Fernando Laborda


La presidenta Cristina Fernández de Kirchner no sólo desairó a los chinos por la intempestiva postergación de su viaje con el insólito pretexto de que el Poder Ejecutivo no puede quedar durante 10 días a cargo del vicepresidente Julio Cobos. El mayor desaire fue tal vez haber olvidado un viejo proverbio chino según el cual “el hombre es esclavo de lo que dice y dueño de lo que calla”.

Al llegar a la Casa Rosada, la actual jefa del Estado admitió que la calidad institucional era una antigua asignatura pendiente. Sin embargo, desde la reapertura democrática de 1983, sólo en dos oportunidades el titular del Poder Ejecutivo no convocó a sesiones extraordinarias del Congreso entre el 10 de diciembre y el 28 de febrero. En estas dos ocasiones, curiosamente, la presidenta era Cristina Kirchner.

Nunca desde la vuelta de la democracia presidente alguno, incluso estando su fuerza política en minoría, se tomó el atrevimiento de clausurar virtualmente el Congreso como en los tiempos que corren.

La crisis institucional derivada de los decretos de creación del Fondo del Bicentenario y de remoción del presidente del Banco Central, Martín Redrado, puso al descubierto contradicciones entre la posición gubernamental y el pensamiento que en otras oportunidades hizo público Cristina Kirchner.

Segunda contradicción: resulta paradójico que si la creación del Fondo del Bicentenario mereció un decreto de necesidad y urgencia, su discusión en el ámbito parlamentario no tenga para la Presidenta la menor urgencia, pese a que entre las facultades que la Constitución le asigna al Congreso figura el tratamiento de la deuda interior y exterior de la Nación.

Tercera contradicción: el objetivo original de aquel Fondo, anunciado con bombos y platillos, era otorgar garantías a los acreedores. Ahora, no hay funcionario que no admita lisa y llanamente que esos recursos servirán para pagar directamente la deuda y así liberar partidas presupuestarias para gastos corrientes.

Cuarta contradicción: la pretensión del gobierno kirchnerista de usar las reservas del Banco Central para hacer frente a pagos de la deuda y, en rigor, financiar el gasto público difiere de la posición adoptada por Cristina Kirchner cuando era senadora nacional por Santa Cruz.

En efecto, el 20 de junio de 2002, presentó en su condición de senadora, junto a los legisladores Jorge Yoma, Marcelo Guinle, Liliana Negre de Alonso, Raúl Ochoa, Nicolás Fernández y Graciela Bar, un proyecto de comunicación en el que se solicitaba al entonces titular del Poder Ejecutivo, Eduardo Duhalde, y al Banco Central que se abstuvieran de disponer de las reservas monetarias.

La misma iniciativa, presentada en tiempos del corralito bancario y firmada por la actual presidenta de la Nación, sostenía que el Banco Central era un “organismo descentralizado con total independencia de total subordinación al Poder Ejecutivo, facultades que le fueran otorgadas por la Constitución nacional”, además de hacer referencia al artículo 3° de la carta orgánica de la entidad monetaria, según el cual ésta no podría estar sujeta a “órdenes, indicaciones o instrucciones del Poder Ejecutivo”. Un criterio que no parece prevalecer hoy, a tal punto que el Gobierno ha removido por decreto a Redrado por no acatar las órdenes presidenciales (quinta contradicción).

La última contrariedad guarda relación con la ley que reglamenta el tratamiento parlamentario de los decretos de necesidad y urgencia (DNU). Cuando era diputada nacional, en el año 2000, Cristina Kirchner impulsó un proyecto que propiciaba textualmente que “conforme la prohibición prevista en el artículo 82 de la Constitución nacional, todo DNU deberá, para su validez, ser ratificado por ambas Cámaras” del Congreso.

La ley actual, curiosamente impulsada por la propia Cristina Kirchner en 2006, siendo senadora nacional por la provincia de Buenos Aires y estando su marido al frente del Poder Ejecutivo, establece que sólo el rechazo por parte de las dos cámaras legislativas implicará la derogación de un DNU.

En la actualidad, el Poder Ejecutivo se ve claramente favorecido por la reglamentación de la ley. Bastaría con que apenas una de las dos cámaras apruebe los DNU o incluso no los trate nunca para que éstos sigan vigentes. Pese a eso, llamativamente, la Presidenta se resiste a convocar a sesiones extraordinarias y a que los DNU sean tratados antes de marzo, dando a entender así que teme no contar hoy con los apoyos legislativos suficientes.

La estrategia presidencial de esperar a marzo para que el Congreso pueda tratar el decreto del Fondo del Bicentenario apunta a ganar tiempo para convencer a la mayoría de los gobernadores provinciales de que sin el aval a ese fondo y sin la posibilidad de disponer de las reservas del Banco Central, un ajuste fiscal en sus distritos resultará ineludible.