Por Julio Blanck
Aun con los avances que viene cosechando, a la oposición no le sale gratis atravesar el exasperado clima desatado por la pretensión del Gobierno de usar las reservas para pagar deuda y despedir al presidente del Banco Central, salteando al Congreso y enfrentándose a la Justicia.
La coincidencia básica, casi única, de los opositores, es aprovechar la nueva relación de fuerzas en el Congreso, que los favorece, para resistir el avasallamiento y plantarle al Gobierno un escollo resistente, que le haga pagar el costo político más alto posible por sus temerarias decisiones.
Pero entre ellos hay diferencias acerca de cómo seguir la pulseada y, al mismo tiempo, hacer frente a la responsabilidad de ayudar a encontrar una salida a la crisis. Además están los celos, el afán de figurar, la tentación de avanzar un casillero para posicionarse de cara a 2011.
Un ejemplo explica casi todo: Elisa Carrió y Gerardo Morales tienen una relación excelente, pero ayer por la mañana se cruzaron feo, con alguna palabra fuerte incluída. La jefa de la Coalición Cívica le reprochó al senador y ex titular de la UCR por una negociación secreta que los radicales estarían llevando con el kirchnerismo. Morales replicó que no existía tal gestión soterrada y le recordó que lo principal era encontrarle un cauce de salida institucional al conflicto.
La UCR y la Coalición Cívica encabezaron la existosa estrategia judicial en este tema, en articulación con Federico Pinedo por el PRO, y el Peronismo Federal con Felipe Solá, Graciela Camaño y Alfredo Atanasof. Ayer se sumó Gustavo Ferrari, por el sector de Francisco De Narváez, jugando en la defensa del Congreso como escenario de debate sobre los decretos de Cristina.
Lo que Carrió llamó "negociación secreta" en su pataleo de las últimas horas remite a conversaciones entre Morales y el presidente provisional del Senado, el peronista José Pampuro. En ese encuentro, Morales habría reclamado que los dos decretos de Cristina, el del uso de reservas y el de remoción de Redrado, sean tratados en el Congreso y que, en ese contexto, la UCR podría avalar el despido del presidente del Banco Central.
El razonamiento radical sobre este punto se resume en el rompecabezas enunciado por un hombre de la conducción partidaria: "Al presidente del Central no le responde el directorio, hay un directorio sin presidente, un presidente despedido por decreto y otro designado que está esperando para asumir". La conclusión fue simple: "La situación de Redrado es insostenible".
Hay una extraña, inesperada coincidencia entre Carrió y Eduardo Duhalde: los dos están preocupados por la política monetaria que podría desplegar el Banco Central si en su presidencia se sienta alguien dispuesto a no contradecir en lo más mínimo a Néstor y Cristina.
En el cuento de la negociación secreta que cuenta Carrió, habría una propuesta radical al Gobierno de acompañar una eventual doble sustitución: Mario Blejer y el vice del Central, Miguel Pesce, por el ministro Amado Boudou y Redrado.
De acuerdo a cómo se está relatando esta historia, Pampuro habría transmitido la postura radical al jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, y al siempre influyente Carlos Zannini, secretario de Legal y Técnica.
El Gobierno ni siquiera respondió, porque una obligada negociación resulta indigerible para el matrimonio gobernante, acostumbrado desde sus años de Santa Cruz a hacer y deshacer a su antojo. Pero ahora los tiempos cambiaron y es duro aceptarlo.
Los radicales están buscando variantes para sostener lo que ellos entienden por gobernabilidad. Ya hubo una propuesta alternativa del alfonsinista Mario Brodersohn acerca de cómo el Gobierno podría acceder al uso de las reservas. Y algunas líneas esbozadas por el mendocino Raúl Baglini, transformado en el principal operador de Cobos.
Desde la UCR se están emitiendo señales hacia el Gobierno para aliviar la tensión. Ernesto Sanz, presidente de la UCR, dijo ayer que los niveles de discordia con el oficialismo habían escalado más de lo aconsejable. Y Cobos aclaró que no cometerá la trastada de llamar de manera unilateral a sesiones extraordinarias del Congreso para tratar esta crisis, a propósito del viaje que la Presidenta hará a China dentro de una semana.
La respuesta del Gobierno no fue una sorpresa. La autonomía de los operadores kirchneristas es menos que mínima. Y ayer retumbó la orden de Cristina: ninguna negociación con los opositores. La política del rencor sigue siendo el vector que nutre al kirchnerismo.
Los radicales sienten que ganaron una batalla política al dejar expuesta la cerrada negativa del Gobierno a enviar al Congreso los decretos cuestionados. Pero Carrió, de viaje relámpago a Mar del Plata, insiste con la estrategia de pedirle a la Presidenta a través del jefe de la Cámara de Diputados, el kirchnerista Eduardo Fellner, una convocatoria a sesiones extraordinarias para tratar estos temas.
Ese pedido está sostenido en la carta que los principales bloques opositores terminaron de firmar ayer. Pero el destino de la gestión ya parece escrito: Clarín consignó ayer que Fellner había confesado que "si llamo a una sesión, el loco me echa". Se refería a Néstor, en esa reveladora fotografía del poder kirchnerista en acción.
Por detrás de estos pasos inciertos, de esas intenciones no concretadas, persiste la desconfianza entre los opositores. Los radicales terminaron el día con un comunicado en el que hablan de "ignorancia o mala fe". Se referían a Carrió, sin nombrarla, por su denuncia de negociaciones secretas con el oficialismo.
A Morales tuvieron que convencerlo para que no empeorara las cosas con declaraciones públicas contra Carrió. Confiaban en mantenerlo callado y en que su ímpetu se enfríe durante las vacaciones que hoy comienza en México.
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