La pelea por el uso de las reservas y por el sillón de Martín Redrado no se limita tan sólo a una pelea por dinero y por la autarquía del Banco Central. Es una puja alrededor del estilo con que se ejerce el poder en el país y cómo se lo ejercerá en el futuro.La Argentina está viviendo un momento muy particular. Por la propia impericia del matrimonio Kirchner o, quizá, gracias a su estilo exasperante de gobernar, el país está en una encrucijada: o se entrega definitivamente al autoritarismo o bien la Justicia y el Congreso asumen que tienen un rol para cumplir. Los dos fallos de la jueza Maria José Sarmiento van en la dirección correcta.
Hubo, en las últimas cuatro semanas del año, un auspicioso despertar de la Justicia: cuatro jueces federales también suspendieron la aplicación de otra medida controvertida del kirchnerista, la ley de medios audiovisuales. Ahora, Sarmiento se animó contra los últimos DNU.
Nunca, en veinte años en el poder, el matrimonio Kirchner encontró tantos frenos.
En las elecciones de junio reaccionó la sociedad; en diciembre, la oposición pasó a dominar Diputados y, ahora, emergen jueces que señalan los límites del poder.
Precisamente, los dos fallos de la jueza Sarmiento, que nunca fue sumisa al gobierno de turno, avanzan por el mismo andarivel: hacen hincapié en que tanto el DNU que buscó apropiarse de las reservas como el que desplazó a Redrado sin la previa intervención de una comisión bicameral pecaban del mismo defecto de soslayar al Poder Legislativo. Por eso, la jueza se empeñó en devolverle al Congreso espacio y tiempo para que se pronuncie.
La jueza Sarmiento no habla de la democracia, un concepto que, mal usado o manipulado, sirve para convalidar todas las desmesuras de cualquier presidente con la sola justificación de que fue elegido popularmente y es quien manda; por el contrario, Sarmiento usó el precioso concepto de República, que alude a los límites del poder.
La sociedad comienza a despertar. Pero no hay que dar nada por ganado. Entre el anochecer y el amanecer sólo se interpone la luna.
Ahí están los legisladores que, recién ahora que el conflicto alcanzó una tensión insólita, se anotician que no pueden seguir de vacaciones, haciendo declaraciones debajo de una sombrilla. Un puñado de radicales levantó la voz por el riesgo institucional y Julio Cobos advirtió que la gravedad de la crisis requiere estar en Buenos Aires, para intentar anticipar la convocatoria de las cámaras legislativas, que originariamente fue pedida para un lejanísimo 3 de febrero. El ejercicio del poder demanda ingenio y perseverancia, algo que a Néstor Kirchner le sobra.
Con sus fallos, la jueza dio la posibilidad para que el Congreso se reúna, que no es más que lo que también pretende Redrado: él nunca dijo que no quería entregar las reservas que pedía el DNU, sino que, para estar seguro de su accionar, debería contar con el aval del Congreso.
Por su parte, los fallos de la jueza serán revisados, en breve, por la Cámara Contencioso Administrativo. Allí el futuro es incierto: la sala que actúa la semana próxima es mucho más cercana al Gobierno que la sala que interviene a partir del lunes 18. El Gobierno no dejará de operar.
Al final del camino está la Corte, que esperará que el tema le llegue por los carriles naturales, nunca antes de principios de febrero (un documento interno calcula que las causas nunca llegaría antes del 27 de enero): la Corte, como todo tribunal constitucional, nunca resuelve un conflicto en plena efervescencia y lo deja decantar.
La clave pasa por el Congreso, al que la ley de control de los DNU lo conmina a reunirse para pronunciarse sobre esos decretos. La Justicia no puede asumir el rol de la oposición, pero tiene el deber de defender la Constitución. Lo único imperdonable es el silencio.
Con respecto a la apelación por parte del Gobierno, Moner Sanz dice:
Distinto hubiera sido si se hubiera recurrido al Código Procesal y no al “bando de la dictadura de Onganía”, que sigue rigiendo desde 1966 y que los legisladores que supimos conseguir no han tenido tiempo -44 años después- de modificarlo. Si el Gobierno puede apelar bajo el manto de Onganía, ¿qué rige en el momento en que el lector mira estas líneas?: ¿Los inconstitucionales decretos del matrimonio presidencial o los pronunciamientos de la Jueza defendiendo la Constitución? Quien debe conceder los recursos es la Jueza.
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