El escenario político muestra una crisis institucional sin precedentes

Por Rosendo Fraga

La crisis desatada por el uso de las reservas es la más grave en términos institucionales de la gestión kirchnerista. Lo es porque nunca, desde el 25 de mayo de 2003, el Ejecutivo tuvo este nivel de enfrentamiento con los otros dos poderes (Legislativo y Judicial) y además la conducción del Banco Central.

El intento de gobernar la segunda parte del mandato de Cristina mediante Decretos de Necesidad y Urgencia ha encontrado su límite antes que se cumpliera un mes de la asunción de los nuevos legisladores.

La actitud asumida por el Congreso y los jueces es la consecuencia del cambio político generado por la elección del 28 de junio, aunque los efectos en el plano institucional y el uso del poder se hayan visto recién después del 10 de diciembre.

Pero la clave está en la pérdida del consenso. Los sondeos muestran que cuatro de cada cinco rechazan el DNU que determina utilizar reservas para pagar deuda y tres de cada cuatro el que destituye al Presidente del Banco Central. La opinión de la gente contraria a estos decretos no lo es por razones técnicas o ideológicas, sino porque se trata de iniciativas del kirchnerismo, al cual rechaza como lo mostró la elección nacional, las elecciones locales posteriores y los sondeos.


Pero Kirchner redoblará la apuesta y no cederá, coherente con su personalidad política, lo que prolongará la crisis y la hará más costosa. Como lo hizo con el conflicto del campo, buscará demostrar que sigue reteniendo el poder y que no cederá frente a sus adversarios. Por esta razón, durante la semana pasada rechazó diversas propuestas de encontrar una solución negociada.

Fue descartada la iniciativa de instancias judiciales hasta ahora afines al oficialismo, de convocar una conciliación a través de los presidentes de las dos cámaras del Congreso (Cobos y Fellner). También fue rechazada la alternativa de la UCR de respaldar la remoción de Redrado si se convocaba al Congreso para convalidar la creación del Fondo del Bicentenario con determinadas modificaciones.

Kirchner teme que si gobernadores, intendentes y sindicalistas perciben que ha perdido el poder, lo abandonen rápidamente para engrosar las filas del PJ disidente. Kirchner redobla la apuesta y se radicaliza más. El mismo ex presidente denuncia una conspiración de Cobos, Redrado y Clarín.

La Presidente acusa a los fondos buitres y el noventismo, a la jueza Sarmiento de jueza delibery, a Redrado de ocupa, y a Cobos de querer desalojarla del poder antes de la finalización del mandato. Aníbal Fernández suma a la conspiración a figuras impensadas como Mirtha Legrand. Luis D’Elia convoca a movilizarse en defensa del Gobierno como el golpe ya ha comenzado.

Frente a la contraofensiva oficialista, la oposición muestra más divisiones que unidad de acción. La UCR asume una postura ideológica y acepta la destitución de Redrado si el uso de las reservas se somete al Congreso. Al mismo tiempo critican a Cobos y Alfonsín hijo habla de su candidatura presidencial. Carrió también critica a Cobos, pero defiende a Redrado y denuncia un pacto del radicalismo con el oficialismo.

Por su parte Stolbizer coincide con la UCR. El PRO y el Peronismo Federal defienden a Redrado y no negocian con el Gobierno. A su vez la izquierda asume una tercera posición y dice que acepta el uso de las reservas si se discute su destino y la legitimidad de la deuda externa.

Tres de las cuatro entidades de la Comisión de Enlace apoyan a Redrado, en momentos que el Gobierno intensifica sus acciones para dividirla. En el campo empresario las opiniones están a favor de Redrado, pero el sector financiero calla o apoya al Gobierno con una actitud oportunista.

Paralelamente, el oficialismo redobla sus acciones contra los principales medios de comunicación privados, cuya desarticulación sigue considerando la madre de todas las batallas, sin percibir que el escenario político muestra una crisis institucional sin precedentes. Pero esta división de la oposición le permite al oficialismo prolongar la crisis, pero no resolverla.

Esta crisis institucional muestra que el contexto político puede anticipar y precipitar dificultades económicas, como en 2008 sucedió con la imprevista dimensión que adquirió el conflicto con el campo.

La idea de que el Gobierno no tendría problemas de financiamiento en 2010 porque podía usar arbitrariamente las diversas cajas, se ha tornado incierta. Que un canje exitoso sin acuerdo con el FMI podía reabrir el acceso de Argentina a los mercados internacionales, es algo que hoy genera dudas.

Mientras tanto, la mayor debilidad política que genera este conflicto le hará más difícil al oficialismo reducir el incremento del gasto público, viéndose obligado a asumir que las reservas serán utilizadas para financiarlo.

Los problemas financieros de las provincias se agravan. Córdoba emite una segunda serie de bonos y Buenos Aires echa mano a los fondos de las cajas de jubilaciones profesionales, al mismo tiempo que toma deuda en al banca privada, emite bonos y busca financiamiento en el exterior.

Como el conflicto del campo dos años atrás, el uso de las reservas es un imponderable que irrumpió en el escenario político, confirmando la imprevisibilidad de la Argentina, lo que aumenta la incertidumbre sobre la economía.

Por último, el factor externo reapareció en escena con el breve embargo de reservas argentinas en los EEUU, generando una situación más de posibles dificultades.