Se inicia el año 2010 con una divergencia nítida entre modalidades de manejo macroeconómico en América latina. Como si se tratara de un experimento de laboratorio, es posible observar los resultados de diferentes formas de concebir y de implementar las políticas públicas.
Durante los años de auge del comercio internacional, los altos precios de la soja y del petróleo parecían darles la razón al voluntarismo autoritario y el sesgo estatizante de los esposos Kirchner y de Hugo Chávez.
En su momento, no faltaron quienes en otras naciones recomendaban imitar prácticas tales como la proliferación de controles y el avasallamiento del banco central para destinar las reservas internacionales al incremento del gasto público.
Ahora bien, es cierto que un gobierno puede hacer con la economía de su país lo que le venga en gana. Lo que no puede hacer es evadir las consecuencias de sus actos. La crisis externa ha puesto a prueba la coherencia de los ingeniosos modelos de desarrollo vigentes en Buenos Aires y en Caracas.
Los resultados de esa prueba están a la vista y resultan contundentes, aun para quienes no se ocupan de cuestiones económicas. La Argentina inicia el año con una crisis institucional que dificulta la normalización de sus relaciones con la comunidad financiera internacional. Venezuela lo hace con una devaluación masiva del bolívar, crisis energética, inflación galopante y desabastecimiento.
Las intempestivas decisiones anunciadas al comenzar el año por los gobiernos de la Argentina y Venezuela parecen obedecer a la angustia, más bien que a la deliberación razonada y serena.
En la Argentina se expidió un decreto presidencial ordenándole al Banco Central colocar a disposición del Gobierno unos US$6.500 millones de las reservas internacionales. El pretexto aducido fue la necesidad de destinar esa suma al servicio de la deuda externa.
El verdadero objetivo de la maniobra era incrementar el gasto público sin intervención parlamentaria, para apoyar las aspiraciones electorales de Néstor Kirchner.
El presidente del Banco Central, Martín Redrado, se negó a aplicar una medida violatoria de las normas legales vigentes. El Gobierno procedió a destituir a Redrado y a designarle un reemplazo, facultad que le corresponde al Congreso.
La suspensión de los decretos mencionados por orden judicial, y la coexistencia de dos presidentes del Banco Central, han dado lugar a una confrontación entre los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial con el consiguiente desconcierto de los mercados financieros.
El intento de atropellar al Banco Central ha debilitado al régimen y aumentado la desconfianza del mundo exterior en la seriedad del Gobierno argentino.
Las medidas de ajuste económico adoptadas en Venezuela establecen tres tasas de cambio diferentes: una tasa oficial de 2.60 bolívares por dólar, una tasa intermedia de 4.30 bolívares por dólar y una tasa de mercado para el denominado dólar permuta, que se cotiza en cerca de 6 bolívares y cuyo precio se intentará reducir a través de ventas de divisas por parte del Banco Central.
Este esquema introduce un elemento adicional de complejidad al manejo cambiario que contribuye a aumentar las posibilidades de corrupción.
El inocultable fracaso económico y social del voluntarismo autoritario contiene valiosas enseñanzas. Pero no debería ser motivo de regocijo para quienes defienden la causa de la democracia liberal en América latina.
Los retrocesos recientes de la Argentina y Venezuela ilustran el enorme daño que le infligen a la sociedad el ejercicio irrestricto de la autoridad política y la falta de respeto a las instituciones
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