El grado de ineptitud exhibida por el Gobierno

Por Nelson Castro

Cuenta la historia que en cierta ocasión, cuando compartían una amistad que hoy es sólo un recuerdo, Mario Vargas Llosa le dijo a Gabriel García Márquez lo siguiente: “Ay, Gabo, me temo que los avatares de la política latinoamericana superarán a cualquier ficción que surja de nuestra imaginación”. El presente político de la Argentina acaba de reafirmar, una vez más, la validez de aquel temor.

“Lo peor de todo es que este embrollo pudo haberse evitado”, reconocía en la tarde del viernes un hombre del kirchnerismo, abrumado por el grado de ineptitud exhibida por el Gobierno para implementar el Fondo del Bicentenario, de pomposo nombre y dudosa legalidad. Como dijo el ex ministro de Economía Martín Lousteau, “esto es el producto de la costumbre del matrimonio presidencial de tomar decisiones sobre temas importantes en 15 minutos y sin asesoramiento técnico”.


Al respecto, hay que recordar que, en ocasión del pago hecho al Fondo Monetario Internacional (FMI) en 2006, el entonces presidente Néstor Kirchner discutió el tema con funcionarios de su gestión, entre los que estuvo el ex jefe de Gabinete de Ministros Alberto Fernández, así como también el presidente del Banco Central de la República Argentina, que ya era el mismo Martín Redrado.

Acordada pues la forma de instrumentar ese pago, se pasó a cumplir con todos las pautas procedimentales que requería la medida para tener el correspondiente sustento legal. Es verdad que se emitió un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) pero, a su vez, lo que se hizo fue convocar al Congreso a sesiones extraordinarias durante las que se ratificó ese DNU.

Es decir que, en aquella oportunidad, hubo un riguroso cumplimiento de las instancias institucionales exigidas por la ley. ¿Por qué, entonces, no se procedió ahora de igual forma? “Es que ahora los números en el Congreso no dan y los Kirchner detestan la negociación”, respondió una fuente gubernamental que sabe lo que pasa en el seno del poder.

Hasta aquí, los Kirchner han gobernado como si tuvieran la suma de los poderes públicos. En efecto, las mayorías que fueron edificando en el Congreso durante estos seis años en el poder, le permitieron al matrimonio presidencial obtener todas las cosas que quisieron. La única vez en la que este mecanismo falló fue en la Resolución 125. Esa metodología de la suma del poder público fue la que desplegó Kirchner en Santa Cruz. Por eso, aquello fue un feudo que aún pervive.

Pero esa realidad del dominio absoluto del poder cambió a partir del resultado electoral del 28 de junio pasado. Es una realidad que, durante el interregno que se extendió desde el día de los comicios hasta el 10 de diciembre, el Gobierno se empecinó en ignorar y, aún hoy, pretende desconocer.

La Presidenta tiene todo el derecho y la autoridad para fijar las distintas políticas oficiales. Lo que no puede es hacerlo incumpliendo la ley.

El Fondo del Bicentenario para la Estabilidad y el Desendeudamiento fue creado a través del decreto 2.010 del 15 de diciembre de 2009. Dice en su texto, hacia el final, que “la urgencia en la adopción de la presente medida hace imposible seguir los trámites ordinarios previstos por la Constitución Nacional para la sanción de las leyes”. La argumentación referida a la supuesta urgencia resulta, cuanto menos, curiosa y de difícil sustentabilidad visto que las necesidades de pago de los servicios de la deuda externa ya habían sido contemplados en el presupuesto para el año 2010, sancionado por el Congreso.

Surge aquí, de paso, otro interrogante: ¿qué hará el Gobierno con ese dinero asignado por ley al pago de la deuda, unos 28 mil millones de pesos, una vez que sea desafectado de su finalidad primigenia? Quienes saben lo que pasa en el Gobierno responden sin dudar: el objetivo de esa plata tiene que ver con la candidatura de Néstor Kirchner para 2011.

De lo que se conoce, Redrado tenía tres objeciones esenciales al Fondo del Bicentenario: una política y dos técnicas. La política hace a sus diferencias con el creciente nivel de intervencionismo en la economía por parte del Estado que vienen poniendo en práctica los Kirchner. Decisiones como la nacionalización de las AFJP o la patética destrucción de la credibilidad del INDEK eran algunos de los asuntos en los que las disidencias de Redrado eran sabidas. En algún momento de su gestión, durante una reunión de economistas en Londres, tuvo algunas expresiones suyas críticas hacia el tema de la inflación, lo que le valió un llamado de Kirchner desde Olivos lleno de furia y reproches.

Redrado es un hombre con ambiciones políticas y, como tantos otros, no exento de cuestionamientos. Estuvo con Menem, después con Duhalde y ahora con Kirchner. Su mandato al frente del BCRA vence el próximo 23 de septiembre y hasta hace un tiempo aspiraba a renovarlo. Sin embargo, en los pasillos del poder no era un secreto que la Presidenta ya le había bajado el pulgar.

En 2005 hubo un pedido hecho por legisladores opositores para que se lo removiera de su cargo por su supuesta participación en el escandaloso episodio de los sobresueldos ocurrido durante el gobierno de Menem. En ese entonces desde el kirchnerismo se lo defendió a ultranza. Uno de sus defensores más conspicuos fue el senador por Río Negro Miguel Angel Pichetto. Otro, el entonces vicepresidente y hoy gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli.

Como se dijo, las objeciones técnicas de Redrado al Fondo del Bicentenario son dos: la primera se refiere a la necesidad de contar con la autorización por parte del Congreso para movilizar esas reservas. Sin esta autorización del Parlamento, el presidente del Central se exponía a una serie de demandas judiciales que lo perseguirían por años; la segunda es la opinión del poderoso estudio de abogados Cleary Gottlieb de Nueva York, que defiende a la Argentina en todas las causas originadas por la cesación de pagos a los acreedores externos, el que expresó que el Fondo del Bicentenario podría abrir la puerta a sucesivos fallos del juez Thomas Griesa determinando el embargo y la utilización de esas reservas para cancelar deudas con esos acreedores.

En su presentación ante la jueza María José Sarmiento, quien lo repuso en el cargo, Redrado exhibió gruesas carpetas conteniendo estas opiniones emanadas de sus asesores. Las dos decisiones de la jueza –una la de bloquear el Fondo y otra la de reponer a Redrado– enfurecieron al matrimonio presidencial.

“Hay quienes critican a la jueza pero la verdad es que los dos fallos están bien fundamentados. En lo concerniente a Redrado, es tan sólo un amparo que no va al fondo de la cuestión. En la apelación ante la Cámara al Gobierno le puede ir mejor. Si me pide que arriesgue, le digo que es posible que el fallo de la jueza sea revocado por dos votos contra uno. Esto hará que el caso llegue inexorablemente a la Corte”, contó una voz que conoce los despachos tribunalicios.

“No se puede creer que se hagan las cosas tan mal”, se sinceraba alguien que tuvo mucho poder dentro del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. No le faltaba razón. Cuesta entender que alguien como la Presidenta, quien fue titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, cometa tamaños errores de procedimiento jurídico.

El decreto por el que se remueve a Redrado es de una endeblez de fundamentos notable. Utilizar, entre ellos, un comunicado de la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA) es inaudito. El operativo policial para ubicar a la jueza ordenado por el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, pertenece, lisa y llanamente, al grotesco.

En la misma línea estuvo el llamado del ministro de Economía, Amado Boudou, a Mario Blejer para que asumiera la presidencia del Central. “El miércoles por la noche Boudou le comunicó que Redrado había renunciado y por eso Blejer aceptó; pero, cuando se enteró de la realidad, inmediatamente cambió de parecer y dijo que no”, explicaba alguien que tiene contacto con el economista que ya fue presidente del BCRA en época de Duhalde.

Los dichos de Hugo Moyano y Luis D’Elía apoyando el uso de reservas para pagar deuda corresponden al reino de lo insólito. A cualquier otro gobierno que hubiera hecho lo mismo le habrían dicho de todo.

El episodio narrado por el mismo Aníbal Fernández, según el cual la Presidenta leyó la agenda de Redrado y le reprochó un encuentro con cuatro periodistas de Clarín, tiene el aire de las peores prácticas de los servicios de inteligencia que tanto daño han hecho y hacen.

Esto es parte de la visión conspirativa de la realidad que viene exhibiendo el Gobierno desde la Resolución 125 en adelante, según la cual si se lo critica se es destituyente, si se pierden elecciones es el caos y si se le pide que cumpla con la ley no se lo deja gobernar. En la lista de conspiradores que encabezan Clarín, Cobos y el campo, Kirchner acaba de agregar dos nombres más: el de la jueza Sarmiento y el de Redrado. Al paso que va, no debería extrañar que la propia sombra del ex presidente en funciones sea objeto de sus sospechas.

La oposición tiene, en estas horas, una enorme responsabilidad. Allí también hay de todo. Hay voces sensatas que señalan que hay que poner en marcha al Congreso para buscar destrabar la situación. Hay otras a su vez que, en una actitud lamentable, tratan de llevar agua para su molino. La realidad es que hoy es poco probable que el Fondo del Bicentenario sea aprobado por el Congreso.

Otra cosa es la situación de Redrado. “Es increíble: de haberse informado sobre los reales alcances del artículo 9 de la Carta Orgánica del Central, y de su reglamentación, la Presidenta hubiera podido deshacerse de Redrado con estricto apego a las normas legales”, reflexionaba un kirchnerista desesperanzado.

Ese artículo expresa que para la remoción del presidente del BCRA se debe contar con el “previo consejo de una comisión del Honorable Congreso de la Nación” que será “presidida por el presidente de la Cámara de Senadores e integrada por los presidentes de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Economía de la misma y por los presidentes de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Finanzas de la Cámara de Diputados de la Nación”.

La reglamentación de este artículo es kafkiana ya que señala que el consejo de esta comisión no es vinculante, con lo que la Dra. Fernández de Kirchner hubiera podido, a pesar de una eventual opinión contraria, haber echado a Redrado sin más.

Más allá de la discusión legal y política, lo que está en riesgo es no sólo la autonomía del Banco Central sino también el valor de la legalidad en un país –el nuestro– al que los Kirchner gobiernan con criterio feudal.