Ahora Kirchner va por Cobos

Por Rosendo Fraga


La crisis del Banco Central no ha terminado con la renuncia de Redrado y el oficialismo insistirá con el uso de las reservas, buscando un acuerdo con los gobernadores.


Han quedado diversas acciones judiciales que seguirán su curso: las planteadas por la oposición y varios gobernadores contra el primer DNU, que permitía el uso de reservas sin autorización del Congreso.

Las de Redrado contra el oficialismo por la ilegalidad del DNU que lo removió y la orden del Jefe de Gabinete para no permitirle la entrada al Banco Central, antes que se reúna la Comisión Parlamentaria que dictamina sobre la remoción. Y también están las del Gobierno contra el removido Redrado, una de las cuales está a cargo del Juez Oyarbide.

La falta de recursos de las provincias para 2010 es la situación que el kirchnerismo intenta utilizar para llegar a un acuerdo con los gobernadores, ofreciéndoles que se vean beneficiados del uso de las reservas. No resulta fácil este acuerdo, el que además genera incertidumbre económica.

El nuevo Presidente del Banco Central (Pesce), designado por el Gobierno, encuentra dificultades para dirigir una entidad que ha quedado anarquizada en sus mandos medios.

En cuanto a Redrado, los sondeos muestran que tiene el apoyo de la opinión pública, al ser percibido como un intento de limite al poder del kirchnerismo. Hasta ahora, en el oficialismo solo ha caído a consecuencia de esta crisis el Procurador General del Tesoro Guglielmino, por su responsabilidad en el campo jurídico, pero la posición del ministro de Economía Boudou ha quedado debilitada.

Provocar la renuncia de Cobos es ahora el objetivo político inmediato de Kirchner, quien de esta forma redobla la apuesta, como siempre hace en política. Hace sólo siete días acusó al Vicepresidente de encabezar una conspiración destinada a que el gobierno de su esposa no llegue a fin de año.

Cobos sigue siendo el político argentino con mejor imagen y más intención de voto para 2011. Pero la división en la oposición lo complica. Tanto Elisa Carrió como Mauricio Macri coincidieron con el oficialismo en pedir su renuncia.

A su vez, Ricardo Alfonsín dijo que él mismo podría ser el candidato presidencial de la UCR, en caso que no se consolide la figura de Cobos. Su rol como Presidente de la Comisión que dictamina sobre la remoción del Presidente del Banco Central ha pasado a ser una complicación adicional.

La renuncia de Redrado le evita tener que desempatar con su voto, entre los dos restantes integrantes de esta Comisión: Marconato (oficialista) y Prat Gay (opositor). Pero el oficialismo insiste en que la Comisión debe expedirse y desconocer la renuncia de Redrado.

Si Cobos vota por su remoción, perderá apoyo en la opinión pública, que lo verá como cediendo ante Kirchner. Si en cambio se opone a ella, el oficialismo redoblará sus denuncias contra él, acusándolo de conspirar y entorpecer la gestión de gobierno con argumentos como la decisión de Cristina Kirchner de suspender el viaje a China por no poder confiar en el Vicepresidente. Cobos busca una salida que le evite esta encrucijada y posiblemente justificará la remoción, pero también criticará al Gobierno.

La oposición se muestra dividida pero el oficialismo también comienza a dar señales de malestar con Kirchner. Dentro del Acuerdo Cívico y Social, integrado por la UCR, la Coalición Cívica, Gen (el partido de Stolbizer), el Socialismo y los seguidores de Cobos, se evidencian cada vez más diferencias. A su vez el PRO queda como una fuerza política aislada, sin lograr el apoyo del PJ disidente.

Este espera que el resto del peronismo abandone a Kirchner en el momento en que considere que el oficialismo no está en condiciones de ejercer el poder. La división de la oposición ha hecho fracasar el intento de autoconvocar el Congreso antes que se inicien las sesiones ordinarias el 1 de marzo.

La reunión de una veintena de legisladores provinciales del PJ bonaerense, en la cual se criticó tanto a Kirchner como a Scioli, es una evidencia al respecto. Si bien no tuvieron la intención de generar un hecho político público, al considerar que la ruptura con el oficialismo todavía puede ser prematura, el hecho pone en evidencia la situación en la cual se encuentra el peronismo: un sordo estado deliberativo. Kirchner ha reaccionado haciendo saber que el 11 de marzo -aniversario del triunfo de Cámpora- reasumirá la Presidencia del PJ, anunciando que recorrerá el país para sofocar rebeldías y convocando una vez más por grupos a los intendentes justicialistas del Gran Buenos Aires.

La izquierda antikirchnerista es un problema para el oficialismo: Pino Solanas ha pedido a la Justicia que suspenda el canje de deuda hasta que se determine qué deuda es legitima y cuál no, y el 26 de enero treinta agrupaciones de piqueteros opositoras cortaron rutas en 16 provincias, exigiendo les adjudiquen subsidios del plan Argentina Trabaja.

Mientras el Congreso tiene dificultades para adoptar decisiones rápidas, la Justicia las adopta inmediatamente y ello le está dando un rol político más importante. Al finalizar la feria judicial el 1 de febrero, se reinician cuatro causas judiciales que constituyen el eje del conflicto entre el Gobierno y los medios de comunicación: la suspensión de la ley de medios; la fusión de las empresas de televisión por cable y el aumento de sus tarifas; las denuncias del oficialismo contra la empresa Papel Prensa, propiedad de Clarín, Nación y el Estado, y la venta de las acciones de Telecom Italia en Telecom Argentina. Como sucedió con el conflicto del Banco Central, la Justicia se muestra más independiente y ello complica al Gobierno.

A ello se agregan las mencionadas causas derivadas de la crisis del Banco Central y el pedido para suspender el canje de deuda. Sólo la presentación de San Luis contra el Fondo del Bicentenario llega a la Suprema Corte en pocos días, pero la relación política del oficialismo con el máximo tribunal se ha deteriorado y no puede confiar en obtener fallos favorables.

Mientras tanto, las causas de corrupción siguen avanzando, como la derivada de los medicamentos adulterados por la cual el fiscal denunciaría el financiamiento ilegal de la campaña electoral del oficialismo de 2009, y las del entorno del matrimonio Kirchner, como la que forzó la renuncia de uno de los secretarios de la Presidente (Gutiérrez), cuyo patrimonio aumento 756% en seis años. A ello se suma la información sobre la compra de dólares por parte de Kirchner en 2008, que tiene impacto político más allá de su entidad política.

En conclusión: la crisis del Banco Central no ha terminado, tanto por el curso de las acciones judiciales derivadas de la misma, como por el intento del oficialismo de usar reservas con aval de los gobernadores; el kirchnerismo redobla la apuesta nuevamente, manteniendo la ofensiva sobre Cobos y presionándolo para que se pronuncie sobre la remoción de Redrado, aunque haya renunciado; la oposición está dividida pero el peronismo da señales de distanciarse de Kirchner, aunque ellas sean sordas y no públicas y el nuevo Congreso se mueve con lentitud, pero las decisiones con impacto político de una Justicia más independiente generan efectos inmediatos.