“Quizás lo que hacemos sea solo una gota en el océano, pero el océano no será el mismo sin esta gota”. Madre Teresa de Calcuta.
El Congreso K sancionó en bloque una enormidad de leyes en tiempo record, pero una en especial quedó fuera.
En 2008 se aprobaron 119 normas, de las cuales 67 fueron redactadas por el Gobierno. Diputados propuso 30 y 22 el Senado. Durante el período de 126 sesiones, entre el 1º de marzo de 2008 y el 28 de febrero de 2009, se sancionaron 119 leyes en el Congreso, según datos oficiales.
La mayoría de esas normas fueron impulsadas por el Poder Ejecutivo: 67, es decir, el 56,3 por ciento. Durante el 2009 se sancionaron 106 leyes y Cristina firmó 1735 decretos.
Una Ley “en abandono” como la de Ética Pública, sancionada hace una década, se convierte en una utopía que demuestra que en la Argentina de los Kirchner no hay Ley ni Justicia para Juzgarlos, la impunidad subyace sobre los millones de Santa Cruz que jamás llegaron, que ya nadie reclama; cada día nos arrojan una nueva realidad de ostentación de vulneraciones por sobre la Constitución: la propia Corte Suprema ordenó radarizar Salta para que no llueva más cocaína. La Ley ordena las siguientes pautas de comportamiento ético a nuestros funcionarios:
a) Cumplir y hacer cumplir estrictamente Constitución Nacional, las leyes y los reglamentos que en su consecuencia se dicten y defender el sistema republicano y democrático de gobierno;
b) Desempeñarse con la observancia y respeto de los principios y pautas éticas establecidas en la presente ley: honestidad, probidad, rectitud, buena fe y austeridad republicana;
c) Velar en todos sus actos por los intereses del Estado, orientados a la satisfacción del bienestar general, privilegiando de esa manera el interés público sobre el particular;
d) No recibir ningún beneficio personal indebido vinculado a la realización, retardo u omisión de un acto inherente a sus funciones, ni imponer condiciones especiales que deriven en ello;
e) Fundar sus actos y mostrar la mayor transparencia en las decisiones adoptadas sin restringir información, a menos que una norma o el interés público claramente lo exijan;
f) Proteger y conservar la propiedad del Estado y sólo emplear sus bienes con los fines autorizados. Abstenerse de utilizar información adquirida en el cumplimiento de sus funciones para realizar actividades no relacionadas con sus tareas oficiales o de permitir su uso en beneficio de intereses privados;
g) Abstenerse de usar las instalaciones y servicios del Estado para su beneficio particular o para el de sus familiares, allegados o personas ajenas a la función oficial, a fin de avalar o promover algún producto, servicio o empresa;
h) Observar en los procedimientos de contrataciones públicas en los que intervengan los principios de publicidad, igualdad, concurrencia razonabilidad;
i) Abstenerse de intervenir en todo asunto respecto del cual se encuentre comprendido en alguna de las causas de excusación previstas en ley procesal civil.
La operatividad de esta Ley depende de la creación de una Comisión Nacional de Ética que ella misma ordena. Nuestros Congresistas a pesar de tanto activismo, no crearon la Comisión. Un abandono de una década.
La Ley se sancionó en setiembre de 1999, Ley 25.188, cuando Carlos Menem estaba a punto de dejar la Casa Rosada. Diez años después de la entrada en vigor de la norma, su nombre es desconocido por los más destacados legisladores del Congreso.
La Comisión inexistente estaría integrada por 11 miembros que incluía a un representante de la Corte Suprema, uno del Poder Ejecutivo y otro por la Procuración General, más ocho ciudadanos elegidos en una resolución conjunta por ambas cámaras.
Leyes que se abandonan y leyes que no se sancionan, de esto no se habla.
El paco crece y nos mata, pues los presidentes “k”, su gobernador Scioli y legisladores no promulgan la ley de precursores químicos. Cuando el ciudadano escucha que se lucha contra la droga, le mienten ¿Por qué? El Estado no controla la documentación de los que compran precursores, las firmas químicas hacen caja vendiendo muerte.
Mario Segovia, el rey de la efedrina, hizo trámites ante la Sedronar, la AFIP-Aduana y otros organismos con el documento de identidad de un preso. La realidad es que uno va a una química y compra, acetona, ácidos clorhídricos y demás precursores sólo con exhibir el DNI. No hace falta demostrar que empresa compra ni para qué, entonces así es como nos matan.
Miles de litros de precursores se venden sin control alguno, día tras día para articular la “producción de las cocinas”. Luego los Gobernantes nos mienten sobre su preocupación por la violencia. Daniel Scioli es el adalid presta garante de impunidad. No se cruzan datos de compradores y las empresas a las que representarían, ni tampoco sus antecedentes. A no ser que las cocinas sean pymes bonaerenses.
“En el RENPRE, Registro Nacional de Precursores, sólo hay dos empleados de planta y veinte contratados para controlar diez mil empresas. Si no se pueden hacer las inspecciones, es más fácil que aparezcan los Benítez”, graficaron desde la Sedronar. “Ni siquiera tenemos una terminal del registro de antecedentes penales que nos permita chequear con rapidez cada caso”, aseguró un aduanero.
Desde la Asociación Antidrogas de la República Argentina, AARA, su titular Claudio Izaguirre explicó que “esta realidad se constituyó con el afincamiento, cinco años atrás, de carteles del narcotráfico internacional, que tercerizan la producción en cocinas distribuidas por todo el país y que funcionan como pymes familiares. Las cocinas argentinas producen a pedido de los carteles.
El cocinero local se queda con el 20% de la producción, más la porquería que sobra de la elaboración, que luego se convertirá en dosis de paco. El 80% restante de cocaína pura parte al exterior, principalmente a Europa”, dijo Izaguirre.
La cadena es así: el grupo mafioso entrega a los laboratorios clandestinos la pasta base, traída desde países limítrofes, más los precursores químicos. En las cocinas se purifica y se genera la cocaína pura. La exportación se hace mediante barcos cargueros, modalidad de mayor sofisticación, o con las “mulas” por líneas aéreas comerciales. Al llegar a Europa, se distribuye al menudeo. “Se utilizan los puertos de Rosario, Zárate Campana, Necochea, Bahía Blanca o Comodoro Rivadavia, pero también creció el tráfico por tierra hacia los puertos chilenos”.
En la hidrovía: veleros oceánicos, yates de porte y lanchas de cascos
La hidrovía es un colador que funciona a pleno lleno de inmunidad. Medidas simples para acotarlo no se toman y vemos como hoy el auge del transporte de droga en yates y veleros crece como en Europa.
La cosa es muy simple: “datos”. Cruzando los mismos de los clubes y de las amarras, nombres de titulares, antecedentes, rutas habituales, mezclando DGI con el registro de embarcaciones y nuevamente con los titulares y sus destinos continuos podrían acotar el narcontrabando y a su vez recaudar más, pues estas naves valen muchos cientos de miles de dólares que no se saben de donde salieron ni a quién pertenecen fehacientemente.
Y verificar los datos para ver quien figura como titular y donde vive: si es en la villa, es testaferro, si vive acorde a su yate o velero saber quién es y de qué trabaja.
Algo simple que no es espiar a nadie sino certificar ganancias y titularidades náuticas de valor significativo. Todos los datos sobre embarcaciones amarradas en las riberas de Río de la Plata y Paraná las posee Prefectura, ya que registra cada embarcación y las matriculan, también las nuevas de gran porte llegadas del extranjero, recientemente inspeccionadas.
Se deberían cruzar datos sobre las extranjeras que día a día aparecen fondeadas en recovecos del Paraná Bravo, Guazú y Mini. Un velero extranjero que va, viene, va, viene, fondea en zonas deshabitadas, ¿qué hace? La zona de operaciones y alijes del Paraná debería ser vigilada pues llega un buque del extranjero especial a remolque que trae más de 60 barcazas y descarga las mismas hundiéndose para que ellas floten y sigan viaje a Paraguay.
Aquí nadie inspecciona nada, si están vacías, no existe aduana, no existe SENASA, no existe nada mas que el descontrol liberando zona. ¿Que hay dentro de las barcazas que van a puerto privado en Paraguay? SENASA debe estar para controlar si hay restos de cargas o alimentos descompuestos o no, si están limpias o arrojaran a nuestras aguas que clase de cosa… Las fotos al pie son la muestra de la desidia.
Preguntar si es posible que un país extraño opere en aguas interiores de las de otro sin controles debe sonar ridículo a cualquier Gobierno que se diga que lucha contra el narcotráfico. Y posea un proyecto de Nación.
La Argentina, de la mano del poder de turno K y sus Gobernadores, que forman parte de la narkorepublica, violentan leyes a destajo con la complicidad de los mismos. Informaciones de Inteligencia que siguen los devaneos narcos de la Patria monitorean que:
Desde los confines de la patria al Norte funcionaría una conexión narco con los petroleros y los agricultores chilenos; los primeros controlan casi todo los cerros de las Yungas con caminos y accesos argentinos directos a Bolivia sin pasar por los controles fronterizos, básicamente porque son propiedad privada.
Pan American Energy compró mas de 20.000 ha con un testaferro de nombre Javier Capobianco “compra en comisión”. PAE construyo caminos internos que comunican nuestro país con Bolivia por donde transita sin pasar por el control de Salvador Mazza Positos que es el paso internacional.
Otro caso es Reforestadora Nacional S.A. que tiene 15.000 ha al este de Salvador Massa con mas de 20 km de límite fronterizo y otras 12.000 ha en el límite oeste atrás de Tartagal y cuyo testaferro-presidente Eduardo Torino ocultó en su casa a los Hermanos Castedo y les compró una finca en comisión.
Las fronteras privadas por la corrupción del poder nos hacen caer en la realidad de que vivimos en un país ficticio, sin límites nos hemos convertido en tierra de narcos. Hay mucho para contar. Son comentarios que aquí en el norte de la Patria están en boca del pueblo, pueblos con autoridades afines al poder Mafioso.
Cabe expresar que el Ministro del Interior de la Nación resuelve acordar o denegar la correspondiente autorización para realizar una operación consistente en una transmisión de dominio, arrendamiento o locaciones, o cualquier forma de derechos reales o personales, en virtud de los cuales deba entregarse la posesión o tenencia de bienes inmuebles ubicados en Zona de Seguridad de Fronteras, y gracias a la resolución 166/2009 firmada por Aníbal Florencio Randazzo el trámite para la conformidad corona la liberación de la zona de frontera a extranjeros ya que hasta permite un modo abreviado.
No fue siempre así, la legislación que cita el ministro en la resolución sufrió modificaciones que borraron la prohibición de la compraventa a extranjeros e incluso la compraventa a comisión, hoy habilitada.
Mientras en el Congreso un proyecto de ley que prohibía lo que Randazzo facilita, desvaría de comisión en comisión desde el 2002, expediente 7643-D-2002.
El ministro de Justicia, Julio Alak, lanzó semanas atrás, en Salta, un plan integral ordenado por la Corte Suprema de Justicia destinado a profundizar el combate contra el narcotráfico, el contrabando, el terrorismo, la trata de personas, el tráfico de armas y órganos, las migraciones clandestinas y otros delitos complejos que componen el entramado del crimen organizado transnacional.
Gendarmería instaló una unidad operativa de alta movilidad en Salta para luchar contra el narcotráfico, mientras que el propio Alak, inauguro la base de operaciones especiales de esa fuerza en la localidad salteña de General Mosconi. Semejante operativo pierde sentido si las fronteras son abiertas y libres de control.
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