El Decreto 2004/2009 firmado por CFK el viernes pasado inauguró la era de la Vetocracia y le puso un temprano punto final a la suposición de que el gobierno está dispuesto a cumplir lo que se acuerde en el Congreso.
El artículo 1° del decreto veta los artículos 107 y 108 de la Ley 26571 de Reforma Política. Ambos artículos fueron negociados en la Cámara de Diputados con los partidos de centroizquierda y eran el reaseguro para la subsistencia de los partidos medianos y chicos.
Por el 107 se prorrogaba hasta diciembre del 2011 el cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 7 ter y 8 de la reforma política. El primero establece que los partidos deben mantener en forma permanente el número de afiliados y que la justicia debe controlar su cumplimiento en el segundo mes de cada año. La sanción es la caducidad del partido.
El 8° prescribe que los partidos nacionales deben mantener en forma permanente el número de distritos que se requieren para su constitución. Es decir 5. En síntesis, Kirchner pateó el tablero y, de acá a febrero habrá una carrera para la inmensa mayoría de los casi 654 partidos de distrito y 23 nacionales. Los de distrito deberán completar las afiliaciones que les falten para llegar al 4 por mil del padrón exigido.
Pero la parte sustancial de la operación política del gobierno toca a los partidos nacionales. Muchos de los que hoy están vigentes, por distintos motivos quedaron disminuidos en el número de distritos que lo integran. Así es que hay partidos nacionales con sólo dos o tres distritos.
Conformar uno o varios partidos de distrito en dos meses y en pleno verano es casi imposible. Aun cuando la ley concede una prórroga de 90 días para los que no cumplan, lo más probable es que unos cuantos partidos nacionales terminen dados de baja.
Demás está decir que este veto originará una oleada de impugnaciones judiciales totalmente inútiles. En este punto la Cámara Nacional Electoral, que tiene la última palabra, coincide con el gobierno en “limpiar” el padrón de partidos. Los camaristas vienen advirtiendo que, como se había sancionado la ley, la ejecución de la interna abierta sería complicadísima.
En Capital, hay que pensar en 50 partidos eligiendo candidatos simultáneamente y en Buenos Aires cerca de 200. La solución pasa simplemente por reducir rápidamente la cantidad.
Las consecuencias
Para empezar, este veto acelera la restauración del bipartidismo por dos motivos. Es probable que sólo subsistan unos 10 partidos nacionales, lo que aumenta notablemente el espacio de la UCR y el PJ. A tal punto el golpe es fuerte, que también el PRO se verá afectado. En varios distritos, los seguidores de Macri corren el riesgo de perder la personería, porque tiene menos afiliados de los que exige la ley.
El incipiente ARI-Coalición Cívica de Carrió es apenas un retoño, que puede ser barrido del mapa por este veto. De esto se beneficiarán los radicales que, ahora sí, están cerca de absorber a todas las corrientes que se fueron disgregando desde que Carlos Menem le ganó a Eduardo Angeloz en el 89.
Con el veto, el plan del gobierno para los grupos de centro izquierda e izquierda es simple: quitarles la autonomía que les da la representación partidaria y obligarlos a optar entre ser clientes de la Casa Rosada o quedarse sin poder presentar candidatos.
De este modo, Kirchner se propone la absorción -a punta de pistola- de sus rebeldes aliados y ex aliados como Fernando Pino Solanas. La hemorragia electoral de Proyecto Sur, que desmanteló al kirchnerismo en la Capital, podría así detenerse.
La maniobra también apunta a la futura interna abierta del PJ. Absorbiendo al centro izquierda y también algunos partidos provinciales, el kirchnerismo se fortalecería para intentar vencer en la interna al peronista disidente que decida hacerle frente. Pero además, para los disidentes que intenten ir por afuera del PJ, cada vez habrá menos partidos nacionales disponibles y, además, el gobierno intentaría captar a los que tienen.
Demás está decir que, a partir de ayer, los partidos de centro izquierda dejarán por el momento de ser aliados del oficialismo en Diputados. Pero las sesiones ordinarias empezarán recién en marzo y en el medio Kirchner confía en absorberlos. Herramientas para persuadir no le faltan.
A todo o nada
Como suele ocurrir en estos casos, la nueva operación relámpago del gobierno representa un verdadero calvario para la justicia electoral, que debe hacerse cargo ahora de hacer cumplir exigencias arbitrarias en plazos irrisorios.
Las reformas políticas son leyes donde se impone el consenso, porque justamente definen el sistema de representación. Apostar al veto en este tema importa un claro mensaje: CFK vetará en el 2010 lo que sea con tal de que el Gobierno no pierda resortes de poder.
El Modelo K 2010 funcionará sin Congreso. Y hasta es posible que también casi sin justicia. Porque el Jefe de Gabinete acaba de sentar el precedente de que los fallos judiciales pueden desacatarse si, a juicio del funcionario que le toque cumplirlo, aquél no es constitucional.
Tal vez sea la respuesta del gobierno a la creciente inquietud de la Corte Suprema por las violaciones sistemáticas al Estado de Derecho.
Como las reglas del sistema ahora le resultan perjudiciales por su pérdida de legitimidad, Kirchner opta ahora por jugar sin reglas. Hasta el límite de lo posible.
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