Aquel “yuyo” al que aludió peyorativamente Cristina Kirchner en 2008

Por Pepe Eliaschev

El gran negocio será para el Gobierno: más de US$ 8.000 millones que el Estado embolsará ante la inminente cosecha récord de soja, que la Bolsa de Comercio de Rosario estima en 52,5 millones de toneladas.

Aunque hace varias semanas que el país político vive embebido en la discusión por el control del Senado, donde el Poder Ejecutivo perdió la mayoría, el éxito sojero deja enseñanzas tanto o más jugosas para evaluar lo hecho y deshecho por los Kirchner en estos últimos siete años. Tras vituperarlo con crasa ignorancia o estigmatizarlo desde un prisma ideológico, aquel “yuyo” al que aludió peyorativamente Cristina Kirchner en 2008 es cada vez más la estrella insuperable de la producción agropecuaria argentina. Es, además, la gallina de los huevos de oro para los recaudadores.

Estimaciones privadas aseguran que al productor de soja responsable de esta cosecha record solo le quedará un 10,5% del total de más de US$ 18.000 millones que debe terminar facturando el sector.

Por la exportación de la oleaginosa, las arcas fiscales recaudarán, en concepto de “retención” a las exportaciones y otras gabelas, US$ 8052,6 millones, al menos de acuerdo a lo que revela Néstor Roulet, ex vicepresidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA). Esos US$ 8.000 millones representan más del 43% de lo generado por la explotación de la soja.

En castellano: 4 de cada 10 dólares se los queda el Estado, sin hacer nada más que cobrar peaje. La previsión de Roulet es que los productores, con todo incluido, embolsarán solo US$ 1962,9 millones.

Se trata de un escenario que revela la profunda y disparatada irracionalidad del escenario económico nacional, donde un gobierno abanderado simbólicamente en aparente compromiso con los cambios estructurales, denuncia retóricamente la “sojización” del país, pero termina, a dos años de haber intentado descerrajar la Resolución 125, sojizando superlativamente a la Argentina.

En el cálculo por hectárea aportado por el referente agropecuario, el Estado se queda con US$ 410 dólares por hectárea. Esto resulta de sumar a los US$ 333,20 por retenciones, el impuesto a las ganancias, el de bienes personales y el gravamen al cheque.

Son estas autoridades, que se auto describen como progresistas y resueltas a “profundizar el modelo” de industrialización y apoyo a la demanda interna, las que, tras siete años en el puesto de comando, nada hicieron para remozar, al menos, la injusta y regresiva fisonomía impositiva del país, donde el impuesto que castiga a todos (el IVA) es un hacha filosa que cae sobre todos, pero daña especialmente a los que menos tienen, condenados a oblar el mismo porcentaje que los más pudientes.

En el caso de la maldecida y sin embargo bienaventurada soja, Roulet asegura que el productor arriesga US$ 441 por hectárea en términos de campo propio (gastos de implantación, insumos, comercialización e impuestos), entre otros rubros), pero sólo le quedan US$ 100 por hectárea. Calcula que la soja rinde un promedio de 2.800 kilos por hectárea.

El experto Ricky Negri, de la Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (Aacrea), en campos rentados, en lo que se concentra el 60% de la producción agrícola, solo los buenos rindes permiten cubrir los costos. El caso del norte de la provincia de Buenos Aires es paradigmático: quienes alquilan tierras tienen que extraerles 33,7 quintales para pagar lo que cuesta la soja y 91,3 quintales para empatar con el maíz.

En este sentido, las idas y las vueltas del Gobierno en su afán incurable por intervenir y manipular el mercado, teóricamente en defensa de los intereses populares, han vuelto a jugarle una muy mala pasada, porque estimaciones privadas confirman que perderá gran parte de los ingresos devengados por las retenciones de maíz.

Cristina Kirchner anunció en 2008 que el Gobierno devolvería puntos del impuesto (23%) si los productores sobrepasaban las 15 millones de toneladas, pero la promesa no se pudo concretar en 2009 porque la cosecha fue inferior.

Para 2010, se calcula de manera unánime que el producido de maíz orillaría las 21 millones de toneladas. La promesa de 2008 era devolver puntos de retenciones por cada millón de toneladas de producción de maíz más allá de la base de 15 millones, un compromiso improvisado para cruzar a la Mesa de Enlace que acosaba al Gobierno. Pero cuando aposto a ese atajo, Cristina ya sabía que la producción en 2009 no llegaría ni de casualidad a los 15 millones. Pero este año el maíz que se comenzó a recoger en determinadas regiones, debe ser muchísimo mas que esos 15 millones.

Así, la Casa Rosada deberá cumplir con la promesa y devolver una porción sustancial de la plata de las retenciones con que se grava al productor. La Bolsa de Cereales de Buenos Aires calcula en 20,2 millones de toneladas la producción de maíz en todo el país, un 35% más que en la campaña anterior, que solo produjo 13,8 millones de toneladas.

Como las retenciones al maíz están en este momento en el 23%, al productor pequeño se les reembolsarán unos $ 12.000 por cada 100 toneladas que comercialicen (hasta 800), y a los medianos se les devolverán unos $ 2.400. ¿Cómo hará el Gobierno para cumplir? ¿Los deducirá de impuestos o los depositará en los bancos?

Si algo demuestran una vez más estas realidades tan evidentes es que el Gobierno sistemáticamente se intoxica con sus propias improvisaciones y los cambios de rumbo, abruptos e irreflexivos. Lo que sucede es que ahora, a 20 meses de las elecciones presidenciales de 2011, los márgenes ya son cada vez mas inexistentes y los precios que paga por sus errores le resultan prohibitivos, aunque la audacia y estolidez del kirchnerismo le otorguen nuevo oxígeno recuperatorio tras cada traspié.

Esto se advierte ante el sombrío panorama que se viene en materia judicial para el oficialismo, tras largos años de presiones, temores, autocensuras y operaciones de todo tipo. En todos los fueros se van conociendo fallos y medidas que revelan que la Justicia ya dio vuelta la página y cuestiona frontalmente actos del Ejecutivo con una frontalidad impensable hasta la derrota electoral de hace ocho meses.

En la Casa Rosada, por caso, se daba por seguro que Sergio Fernández, Luis Márquez y Jorge Morán, los jueces de la Sala IV del fuero contencioso-administrativo, cancelarían las medidas cautelares dictadas por la jueza María José Sarmiento y las camaristas Clara Do Pico y Marta Herrera en materia de uso de reservas. No lo hicieron y le enviaron la causa a la Corte Suprema de Justicia, que no se abocará a la cuestión.

A fines de 2009, cuatro magistrados emitieron medidas cautelares contra la ley de medios del Gobierno. En plena feria judicial de enero, el juez Ernesto Marinelli detuvo una carga oficial contra la empresa Papel Prensa S. A. Sobrevino luego la puja contra Martin Redrado por las reservas del Banco Central y entonces la Cámara Federal Civil y Comercial respondió al Ejecutivo que el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno y la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia carecen de facultades para adoptar decisiones cautelares contra Telecom, Cablevisión u otras empresas, porque afectan inversiones privadas discrecionalmente a su antojo.

Con vista a 2011, los jueces se están curando en salud. Recuerdan cómo se manejo Néstor Kirchner con la penosa Corte Suprema menemista de 2003, indefendible y penosa, pero a la que se trató manu militari. En los juzgados también observan cómo el hasta hoy oficialista juez federal Federico Faggionatto Márquez espera como acusado el jurado de enjuiciamiento.

En el penúltimo otoño de su larga hegemonía, los Kirchner se ven obligados a contemplar cómo caen las hojas de una floresta otrora vigorosa.