La escasa recaudación del impuesto inmobiliario en todas las provincias

Por Marcelo Zlotogwiazda

El catastro de Santiago del Estero tiene registradas 130.841 parcelas urbanas. Supongamos que de ese total, los 10.000 inmuebles más caros tienen un valor de mercado promedio de 300.000 pesos, o sea un valor conjunto de 3.000 millones de pesos. Sólo con que esas propiedades paguen de impuesto inmobiliario el 1 por ciento anual, la provincia recaudaría 30 millones. A lo que habría que agregar la recaudación correspondiente al 92 por ciento restante de las parcelas urbanas.

Además, el catastro de Santiago del Estero tiene registradas 56.829 parcelas rurales, donde, entre otras actividades, se cultiva soja en cerca de 1 millón de hectáreas. De acuerdo con las cotizaciones de la Compañía Argentina de Tierras S.A., el valor de la hectárea en grandes zonas de la provincia varía entre 1.000 y 5.000 dólares. Tomando el precio más bajo, toda la tierra santiagueña cultivada con soja valdría 1.000 millones de dólares. Si se tributara de impuesto inmobiliario rural el 1 por ciento anual, la provincia recaudaría casi 40 millones de pesos.

En suma, bajo esos supuestos muy conservadores la recaudación de ese impuesto no debería bajar de los 80 millones de pesos. Es el cuádruple de lo que efectivamente recauda.

El caso de Santiago del Estero no es el más grosero. Formosa recauda por Inmobiliario 2 millones anuales, La Rioja 4, y Catamarca 11. Esta última recauda más por Patente Automotor que por Inmobiliario, lo que es disparatado si se considera que hay mucho más patrimonio inmueble que rodante.

Estos datos sobre el Inmobiliario ilustran un aspecto de un fenómeno más general, que es la escasa recaudación provincial de impuestos, y por ende la altísima dependencia de los fondos procedentes de la Nación, ya sea a través de mecanismos automáticos como la coparticipación, o por otras transferencias que el poder central decide discrecionalmente.

El conjunto de las 24 provincias autogenera una tercera parte del total de recursos disponibles para gastar. Pero ese promedio esconde realidades muy distintas. Por encima del 33 por ciento de autofinanciamiento sólo se encuentran la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, con 83 y 49 por ciento, respectivamente. Todo el resto está por debajo del promedio, y en la mayoría de los casos muy por debajo.

Algunos ejemplos.

El Presupuesto del Chaco para este año prevé que la provincia contará con 4.600 millones de pesos de ingresos tributarios, de los cuales 4.000 millones surgirán de la coparticipación de impuestos que cobra la Nación, y sólo 600 millones de impuestos provinciales. Es decir que la recaudación propia representa nada más que 13 por ciento del total de ingresos tributarios.

Las proporciones son aún más desbalanceadas en Jujuy y en Catamarca. En la primera, según el Presupuesto 2010 apenas 11,5 de cada 100 pesos de ingresos corrientes se originarán en el cobro de impuestos provinciales. En Catamarca la cifra no llega al 8 por ciento. Y los números son incluso más bajos en La Rioja y Formosa.

El bajísimo nivel de autofinanciamiento que tiene la inmensa mayoría de las provincias es un tema que, una vez más, está quedando fuera de foco en medio de la intensa discusión que se está dando entre la Nación y las provincias por el reparto de los recursos fiscales.

La pulseada está ahora centrada en la manera en que se distribuye la recaudación del impuesto al cheque, y tiene como trasfondo la disputa por un nuevo diseño del régimen general de coparticipación, que es un cambio que está contemplado en el artículo 75 de la Constitución sancionada en 1994.

Las provincias se quejan de que de la torta de impuestos reciben menos que hace quince años y pretenden recuperar su porción. La Nación responde que si en el paquete se incluyen los planes de asistencia financiera y además se considera el aumento del gasto federal en las provincias, el resultado es bien distinto.

Pero ni la Nación ni las provincias hablan sobre lo poco que recaudan estas.

La baja recaudación provincial es en alguna medida consecuencia de un histórico comportamiento de sus gobernantes, que relajan el cobro de impuestos locales y negocian y mendigan asistencia con el poder central. Cabe señalar que esa política clientelar es claramente inequitativa, ya que los principales beneficiarios de la baja presión tributaria provincial son sus minorías de mayor patrimonio (son precisamente los dos impuestos patrimoniales –inmuebles y autos– los que más descuidados están).

Si bien Capital Federal y Buenos Aires son los distritos con mayor autonomía, sus estructuras tributarias también registran enormes debilidades, particularmente con el Inmobiliario. Por ejemplo, por ese concepto los bonaerenses pagaron el año pasado 1.400 millones de pesos, que representa aproximadamente el 0,2 por ciento de la valuación inmobiliaria total, cuando lo razonable, según los expertos, sería que esa proporción fuera el quíntuple. Se da el absurdo de que la provincia recauda lo mismo de Patentes que de Inmobiliario.

Y si se toman las cuatro de mayor capacidad económica (junto con Santa Fe y Córdoba) se verifica que desde el año 2003 hasta ahora su presión tributaria aumentó menos que el promedio del conjunto de las provincias.

Pese al mandato establecido en la Constitución, es poco probable que la Nación y las provincias se pongan de acuerdo rápidamente en un nuevo régimen de Coparticipación Federal. Al tratarse de una ley convenio, requiere de la aprobación de cada una de las legislaturas provinciales, lo cual anula la posibilidad de modificar el reparto entre las provincias ya que en ese juego de suma cero inevitablemente habría perjudicados. Y por ahora cuesta imaginar al gobierno nacional cediendo una parte para que distribuyan las provincias.

Mientras tanto la discusión continúa. Si bien hay consenso acerca de que el sistema de coparticipación debe tener como criterio rector la morigeración de las desigualdades entre provincias, las diferencias aparecen cuando se entra en detalle.

Pero cualquiera sea el nuevo esquema de reparto, el acuerdo sería más eficaz si incorporara pautas de mejoras en la recaudación de las provincias como condición, incentivo y premio para recibir una mejor tajada.