Estamos encerrados en la Oligarquía de los Privilegios

Por Alberto Medina Méndez

Una extraña casta se ha instalado para siempre entre nosotros. Es que los favorecidos conviven con los ciudadanos de a pie, con los contribuyentes, con los vecinos, con los votantes. Se trata de una nueva “clase social”, esa que incluye a todos aquellos que detentan los privilegios que derrama a su paso el poder de turno.

En esa peculiar oligarquía se enrolan muchos de los representantes del pueblo, que suponen, vaya a saber porque extraño mecanismo, que esa elección popular que los ungió con un deber ciudadano, también los dotó, casi con una varita mágica, de prerrogativas que les dan acceso a una extensa nómina de privilegios a disfrutar.

En realidad, debieran ser merecedores de una significativa carga de esfuerzos por las responsabilidades para las que se postularon de modo voluntario. Sin embargo, esos compromisos y la tarea, pueden esperar, frente al inmediato disfrute pleno de las “ventajas” que le otorga el poder mismo, desde el momento de su asunción en el puesto.

Engrosan esa lista, funcionarios del montón, politiqueros, técnicos devenidos en especialistas, también esos otros que sin siquiera ser electos por la sociedad, ocupan algún puesto de cierta relevancia en el escalafón estatal. Podrán ser secretarios de Estado, o simple funcionarios, o hasta secretarios de algún encumbrado personaje.

Uno y cada uno de ellos, también harán uso de ese obsceno despliegue de favores que parece venir adherido a la posición que suponen merecer. No faltará aquel, que además de usufructuar de las concesiones de la flamante situación, se ocupará de pavonearse para que no pase desapercibido el derecho especial que lo asiste.

El ejercicio de un cargo público, de una responsabilidad al frente de una oficina estatal, supone el necesario decoro de quien entiende calificar para dicha labor. Toda la actividad pública debiera estar embebida de una obsesiva austeridad, una sobriedad digna de ser imitada, que sea capaz de generar respeto por parte de la sociedad toda.

Es que el gasto público, ese del que disfruta el funcionario, no solo para el cumplimiento de su deber, sino incluso para caer en los excesos del mismo, se financia con dinero de los individuos. Los impuestos que paga el contribuyente, la emisión monetaria que terminan sufriendo los más débiles con inflación, el endeudamiento que permite cerrar las cuentas públicas comprometiendo el futuro de varias generaciones, son los medios centrales que alimentan el ineficiente aparato estatal.

Habrá que asumir con claridad, que todas las opciones son pésimas cuando de sostener económicamente al Estado se trata. Pero en la convicción de que estamos, entonces frente a lo que puede considerarse “el mal menor”, mas vale que, al menos, quienes usan esos recursos tengan el recato de ser mas que prudentes en su utilización.

Es que para financiar lo importante y también lo superfluo, primero tuvieron que ser esquilmados los esfuerzos de miles de trabajadores que dejaron de consumir, o de ahorrar, para respaldar los necesarios gastos del elefante estatal, pero también para solventar esas otras erogaciones que conforman el despilfarro obsceno de esta casta.

Con el paso de los años, los privilegios, no solo no declinaron, sino que se incrementaron significativamente, tornándose generosos y creativos. Autos oficiales, hasta con chofer a discreción, estacionamientos reservados, pases libres, vales de combustibles, viáticos desproporcionados, líneas de celulares con consumos ilimitados, tecnología de ultima generación disponible, gastos especiales autorizados, viajes nacionales e internacionales a eventos y una comitiva de colaboradores para todo servicio.

Más tiempo pasa, más se perfecciona la nómina y más clientelista se vuelve el formato del privilegio. Es que el funcionario ya no solo tiene prerrogativas para si, sino también para su entorno cercano, asistentes y hasta a veces familiares.

¿Es esperable que quienes gozan plenamente del disfrute de los privilegios, se ocupen de terminar con ellos, siquiera de minimizarlos?. Nada hace pensar que un ser humano, que lleva adelante su actividad política, sobrepasando en forma permanente distintos umbrales de dudosa moralidad en su cotidiana tarea, se tome la valiente atribución de dar un golpe letal a los privilegios que gozan él y su casta.

Resulta difícil imaginar a funcionarios que sean capaces de exterminar privilegios, erradicar supuestos derechos adquiridos, y mucho menos aún atentar contra los territorios ganados por sus pares, sean del mismo sector político o del otro. Después de todo, aunque fueran adversarios políticos, esa es una mera cuestión circunstancial.

En esto de los privilegios, son todos, de algún modo, engranajes de la misma oligarquía, y eliminar esas prebendas sería poco conveniente. No sea cosa que, alternancia mediante, volviera a tocarle en suerte ser parte del poder.

Estamos encerrados. Los privilegios están presentes. Algunos lo asumen incluso como un dato de la realidad, y por lo tanto, incuestionable. Otros, mas audaces por cierto, hasta lo justifican intentando comparar la actividad privada con la estatal. Y es que el problema es quien financia los privilegios.

Cuando en la actividad productiva, algún ejecutivo disfruta de esos beneficios, es parte de un acuerdo voluntario de partes, a veces incluso, forman parte de la oferta laboral del puesto y en todo caso, aún equivocados en la visión, se trata de una concesión que hace alguien que decide financiar con su propio dinero, ese gasto, independientemente de su sensatez.

Cuando esa misma situación se lleva al terreno estatal, no hay que olvidar que el que financia “la fiesta” es un contribuyente, alguien que entrega su esfuerzo en dinero, para que otros se apropien del mismo, y las más de las veces, serán los empobrecidos ciudadanos, quienes terminen solventando los “excesos” de la casta.

Es probable que haga falta, algún pionero que se anime a saltar el cerco, a patear el tablero. Tal vez, eso no suceda jamás, porque la casta tiene sus reglas tácitas. Pero es posible también que en la medida que los ciudadanos “naturalicemos”, aceptando con tanta displicencia, los desmanes del poder, incluso rindiéndole pleitesía, poco pueda cambiar esta actitud enquistada en una clase dirigencial, que se siente adictivamente estimulada por ser parte de la oligarquía de los privilegios.