“La revancha está en marcha", graficó un reconocido legislador oficialista tras la media sanción de la Cámara de Diputados al proyecto del Gobierno para regular la actividad de los medios de comunicación, festejado por el kirchnerismo y repudiado por buena parte de la oposición.El dirigente soltó esa frase y se perdió por los pasillos del Congreso, dejando tras de sí un sinnúmero de preguntas sin respuestas, por lo menos en lo que en el periodismo profesional se denomina “of the record": “¿Revancha contra quién?", es la primera incógnita, muy obvia, pero medular.
“Antes fue el campo, ahora son los medios, especialmente Clarín", acotó malicioso un diputado opositor, integrante de aquel centenar que se ausentó a la hora de la votación, denunciando una supuesta falta de apego del oficialismo al reglamento de la Cámara baja.
Nadie sabe, a ciencia cierta, si ese fue realmente el espíritu del matrimonio presidencial a la hora de enviar al Congreso el proyecto de ley de servicios audivisuales, que ya había anunciado la mandataria en la apertura de las sesiones ordinarias, el primero de marzo pasado.
Pero un hecho es irrefutable: desde aquel entonces, el Gobierno amagó con impulsar el proyecto “antimonopólico" en diversas oportunidades, incluso en medio de la campaña electoral, aunque sólo concretó sus anuncios luego del traspié en las urnas, en un momento de debilidad política.
La derrota electoral llenó de confusión al oficialismo, que le había creído a su líder Néstor Kirchner que lo llevaría a la victoria en la estratégica Buenos Aires, pero tras un período de lógica desazón los habituales asistentes a Olivos comprendieron que se gestaba un nuevo Norte para el Gobierno.
¿Cuál sería ese Norte? Emprenderla contra un nuevo enemigo declarado, como alguna vez lo fueron la Corte Suprema menemista, las cúpulas militares y policiales, los represores de la dictadura, la Iglesia católica, los peronistas que se retobaron y, más recientemente, las entidades agrarias.
Claro que algunas de esas cruzadas fueron más populares que otras, pero todas tuvieron un mismo objetivo: dejar en claro a todos los actores del poder que las decisiones de fuste, esas que verdaderamente importan al destino de un país, las volvían a tomar en la Casa Rosada y no desde ningún otro lugar.
Ese esquema funcionó hasta entrado el 2008, ya con Cristina Kirchner como presidenta, porque comenzó a ser ostensible la bifrontalidad del poder, que ya no residía solamente en la Rosada sino que se había trasladado, principalmente, al terreno compartido por el matrimonio: la quinta de Olivos.
El “doble comando" confundió hasta a los propios funcionarios del Gobierno. No fue para menos: se sucedieron entonces escenas insólitas, como cuando la Presidenta recibía a la Mesa de Enlace para escuchar sus reclamos y Néstor Kirchner instruía simultáneamente a Guillermo Moreno en sentido inverso.
En aquel entonces el oficialismo contaba con un respaldo popular que ahora, a la luz de los últimos resultados electorales, se achicó visiblemente. Sin embargo, Kirchner conserva aún un fuerte predicamento en un sector de la sociedad y se embarca en un proyecto para intentar volver en 2011.
Busca, para ello, sostener férreo el apoyo del Partido Justicialista bonaerense, de la CGT de Hugo Moyano y de nuevos aliados de centroizquierda que, tras las elecciones, han votado de manera funcional a los intereses del Gobierno, como en el reciente caso de la ley de servicios audiovisuales. (…)
Kirchner cuenta, en este escenario, con el respaldo a esta altura invalorable del vicegobernador Alberto Balestrini, su hombre de confianza en la Provincia de Buenos Aires, a quien muchos en el propio oficialismo señalan como el hombre de recambio en el distrito para el caso de que Scioli termine “tirando la toalla".
En el entorno del gobernador aseguran que eso nunca ocurrirá, basados en la personalidad del mandatario, acostumbrado a luchar contra la adversidad, pero también conceden que la administración atraviesa por un momento de asfixia de sus finanzas. “Es una lucha llegar a fin de mes", grafican.
Y hacen una cuenta que no solamente se aplica a Buenos Aires, sino también al resto del país: “Tal como está planteada la distribución del dinero entre la Nación y las provincias, en este contexto de crisis la única forma de no pasar a la historia como ‘los patacones de Ruckauf’ es llevándote bien con Kirchner".
Por eso Felipe Solá, una de las principales figuras del PJ disidente, salió a denunciar tras la media sanción de la ley de medios que “todavía está vigente en el país la ley de la chequera". Apuntó especialmente a Santa Fe, porque los diputados socialistas votaron a favor de la ley gubernamental.
También otras provincias, como Córdoba y Entre Ríos, padecen las consecuencias del parate económico, que por primera vez desde 2002 fue admitido oficialmente esta semana por el INDEC. El posicionamiento político de Juan Schiaretti, el mandatario mediterráneo, vaticina que a los cordobeses no les irá bien.
Fuente: Ciudadano
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